02/03/2010
La gestión de las vías pecuarias en los últimos doscientos años
Temas: administración regional , vías pecuarias , ganadería , administración ambiental
Cabaña ganadera en las inmediaciones de Mazarrón (1904). Este enlace se abrira en una nueva ventana.
Cabaña ganadera en las inmediaciones de Mazarrón (1904)

 

La ley de 1836 provocó la sustitución del Consejo de la Mesta por la Asociación de Ganaderos del Reino dejando en sus manos, junto con ayuntamientos y diputaciones, la tarea de su gestión, sobre todo su clasificación y deslinde.
La asunción de competencias por la Dirección General de Agricultura el 28 de mayo de 1931 en el marco de la gestión forestal situó el trabajo de las en manos de los ingenieros de las divisiones hidrológico-forestales. Tras la Guerra Civil, en 1944 se aprobó un reglamento sobre vías pecuarias.
En la década de los cincuenta, se fomentó la colonización y la concentración parcelaria. El Decreto-Ley de 5 de marzo de 1954 manifestaba la necesidad de deslindar previamente superficies sobre la que habría de operar y las vías pecuarias que pudieran estar relacionadas con las parcelas objeto de concentración. Como consecuencia de aquello y con la consideración de que las vías paucarias eran dominio público, a partir de 1956 se promocionó su clasificación, deslinde y amojomamiento.
El 9 de marzo de 1972 fue creado el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) que asumió las competencias de vías pecuarias y dos años después, vio nacer la primera ley de vías pecuarias (Ley 22/74, de 27 de junio).
Tras veintiún años de experiencia, el gobierno central decidió la aprobación de una nueva ley, la 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, para mejorar aspectos de su gestión. Esta ley se encuentra vigente en la actualidad en España y en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Pero, además, el creciente interés de las administraciones por desarrollar nuevas estrategias de conservación de la naturaleza, el patrimonio histórico, ordenación del territorio, turismo, etc., establecieron criterios de protección de las vías pecuarias. Por eso, junto a la aprobación de su ley fundamental, aquel mismo año se aprobó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que introducía en el artículo 319 la figura del delito ecológico en el supuesto de daños producidos a los bienes de dominio público, incluidas las vías pecuarias.

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