De la definición apuntada podemos extraer varias consecuencias:

• En primer lugar, que la custodia del territorio se construye fundamentalmente mediante la utilización de instrumentos jurídicos. La gran novedad de ésta herramienta de conservación de la Naturaleza viene dada precisamente por apartarse de la tradicional línea pública de protección de la naturaleza mediante mandatos y sanciones y por poner todo el arsenal de recursos que ofrece el Derecho Privado -y en menor medida, también el Derecho Público- al servicio de la finalidad de conservación de la Naturaleza.
• En segundo lugar, tanto en uno como en otro caso, serán los titulares de los terrenos, en uso de su autonomía de la voluntad, quienes decidan incorporar voluntariamente una finalidad ambiental a la gestión de sus terrenos.
• En tercer lugar, la conservación no incumbe sólo a los propietarios o titulares de otros derechos sobre la tierra, también los usuarios (cazadores, excursionistas, deportistas, etc) van a poder participar de la conservación, haciendo realidad el mandato constitucional que señala que son “todos” los obligados a la conservación (artículo 45)
• En cuarto lugar, se añade una perspectiva dinámica a la custodia del territorio que hace que esta técnica no sólo se proyecte sobre la conservación sino también sobre el uso de los recursos a proteger, compatibilizando la producción agraria y otros usos del territorio con la conservación de la naturaleza y tratando con ello de mejorar la rentabilidad social, económica y ecológica de las parcelas.